La asfixia presupuestaria de las universidades pone en riesgo la continuidad de las Obras Sociales Universitarias.
El atraso salarial superior al 30% y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario descapitalizan el sistema de salud solidario, comprometiendo la atención médica de miles de trabajadores docentes, no docentes y sus familias.
El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Poder Legislativo, sumado al consecuente deterioro del salario, ha provocado en los Universitarios un grave impacto en su calidad de vida y en el acceso a bienes esenciales. En este crítico contexto, el Consejo Nacional de Obras Sociales Universitarias (COSUN) reitera y hace público el estado de extrema vulnerabilidad que atraviesan nuestras instituciones, cuyos recursos resultan insuficientes para cumplir con su objeto esencial: la protección y promoción de la salud de las y los trabajadores y sus familias.
Las Obras Sociales Universitarias dependemos de manera casi exclusiva de los aportes y contribuciones que se deducen de los salarios del personal universitario. El deterioro salarial acumulado representa un retraso superior al 30%, el cual se revertiría si el Gobierno Nacional diera efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. Se estima que, por la falta de actualización, las y los trabajadores universitarios han dejado de percibir el equivalente a 12 salarios, con la consiguiente pérdida e impacto negativo sobre los aportes destinados al sostenimiento de la salud. A ello se suma que los costos de las prestaciones sanitarias, medicamentos e insumos superan holgadamente los índices generales del costo de vida.
Como consecuencia directa, las Obras Sociales Universitarias atravesamos una crisis de financiamiento sin precedentes, que a la fecha resulta insostenible y que ya compromete el patrimonio de nuestras organizaciones, poniendo en duda su continuidad a corto plazo. En los últimos años, para poder dar sustentabilidad a nuestras instituciones ante la caída de recursos, nos hemos visto obligados a restringir prestaciones, recurrir al fondo de reservas y requerir mayores esfuerzos a nuestros beneficiarios.
Nuestro sistema de salud solidario se ha construido a lo largo de décadas sobre pilares de alta calidad prestacional, compromiso y cercanía con nuestros afiliados, mediante administraciones conducidas por representantes de los propios trabajadores y las universidades, sin intermediarios ni fines de lucro. La pérdida de este modelo dejaría desprotegida a la comunidad universitaria, afectando con especial severidad a jubilados y sectores de menores ingresos.
Por todo lo expuesto, en defensa del cuidado de la salud de toda la familia universitaria, hacemos este urgente llamamiento:
- Al Poder Ejecutivo Nacional: A dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario sin más dilaciones.
- Al Poder Judicial: A garantizar la efectiva aplicación de la ley y resguardar los derechos de la comunidad universitaria.
- A la Comunidad Universitaria en su conjunto: A comprometerse activamente con esta problemática, redoblar los reclamos colec vos por el cumplimiento de la ley y acompañar con aportes y decisiones concretas las medidas de emergencia que permitan sostener y dar sustentabilidad a nuestras Obras Sociales Universitarias.
Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales (COSUN)
República Argentina, Octubre de 2026.
